Quebec impulsa una Constitución provincial para ganar autonomía sin romper con Canadá

Canadá

 El ministro de Justicia de Quebec, Simon Jolin-Barrette, rechazó que el borrador de Constitución presentado recientemente por su administración tenga como finalidad preparar un escenario de ruptura con Canadá. Su mensaje: reforzar capacidades y ordenar el marco jurídico interno para operar con mayor autonomía dentro de la federación.

En conversación con National Post, el funcionario —también encargado de las relaciones con el gobierno federal— sostuvo que el objetivo es “dotar a Quebec de herramientas para que la federación funcione mejor”, no avanzar hacia un proyecto soberanista. Subrayó que la Coalición Avenir Québec (CAQ) mantiene su hoja de ruta dentro de Canadá, pese a reconocer que la idea de soberanía “es un proyecto legítimo”.

Jolin-Barrette, figura clave del oficialismo y artífice de leyes polémicas como la Ley 21 sobre símbolos religiosos y la Ley 96 que refuerza la primacía del francés, presentó hace unas semanas el proyecto de Ley 1 —Ley Constitucional de Quebec—, un texto de 40 páginas que modifica más de 20 normas, entre ellas la Ley Constitucional de 1867 y el Código Civil.

El documento busca consolidar principios que el gobierno de François Legault ha impulsado en los últimos años: laicidad del Estado, protección del francés y reconocimiento de valores sociales distintivos. El propio Jolin-Barrette afirma que la ausencia de una constitución provincial constituye “una anomalía” para Quebec.

El proyecto establece que esta nueva Constitución tendrá primacía sobre normas incompatibles, incluso federales, lo que ya genera fricciones. Un ejemplo citado es la regulación de la asistencia médica para morir, más amplia en Quebec que en la legislación federal. La propuesta también incorpora la tradición de derecho civil y valores como la igualdad entre mujeres y hombres.

Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos es la inclusión de la protección al acceso al aborto. Expertos en salud advierten que este blindaje constitucional podría abrir la puerta a litigios promovidos por grupos antiaborto y, eventualmente, vulnerar el mismo derecho que pretende resguardar. El ministro insiste en que la intención no es legislar el procedimiento, sino obligar al Estado a defenderlo “si llegara a ser cuestionado”.

La iniciativa también prohíbe a entidades financiadas con recursos públicos utilizar fondos del Estado para impugnar leyes que protejan “las características fundamentales de Quebec”, entre ellas la laicidad. El Colegio de Abogados de Quebec reaccionó con dureza, acusando al gobierno de erosionar el Estado de derecho al limitar los mecanismos de control judicial.

A ello se suman críticas por la ausencia de consultas amplias, incluidas con comunidades indígenas, previo a la presentación de un texto considerado fundacional. Incluso el líder del Partido Quebequense (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, calificó el proyecto como un “artefacto electoral” sin efectos reales de autonomía, por tratarse de una ley subordinada a la Constitución canadiense. Según dijo, se trata de una “Constitución decorativa”.

Jolin-Barrette respondió que el PQ reniega de su propia historia al rechazar un instrumento diseñado para ampliar las facultades provinciales. Sostuvo que la iniciativa se inscribe en una tendencia más amplia dentro de Canadá, donde provincias como Alberta y Saskatchewan buscan reforzar márgenes de autonomía, y expresó su aspiración de que otras jurisdicciones sigan el mismo camino.

Las audiencias públicas sobre la Ley 1 iniciarán la próxima semana y su estudio detallado se prevé para la primavera. Si el calendario se cumple, Quebec podría contar con una Constitución provincial antes de que concluya el actual mandato de la CAQ.

Fuente: National Post