Jueza de Chicago obliga a agentes federales de inmigración a portar cámaras corporales
Chicago se ha convertido en escenario de confrontaciones entre residentes y fuerzas federales, marcadas por gases lacrimógenos y protestas en las calles desde el inicio del despliegue de agentes de inmigración a principios de septiembre. Este jueves, una jueza federal de Illinois dictó que los oficiales desplegados en la ciudad deberán portar cámaras corporales y restringió el uso de ciertas tácticas antidisturbios contra manifestantes pacíficos y periodistas, lo que representa un revés significativo para la Administración Trump.
El despliegue, conocido como Midway Blitz, ha generado más de 1.000 detenciones de indocumentados, aunque los resultados han quedado por debajo de las expectativas iniciales. Con el tiempo, la misión de los agentes se ha ampliado a enfrentar supuestas amenazas de pandillas mexicanas que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), habrían ofrecido recompensas por hostigar o agredir a oficiales federales. Entre las cifras mencionadas por el DHS, se incluye desde 2.000 dólares por obtener información personal de los agentes hasta 50.000 dólares por asesinatos de altos funcionarios.
La Administración ha prometido reforzar la presencia federal en ciudades consideradas “peligrosas”, a pesar de que las autoridades locales y activistas señalan que estas acciones aumentan la tensión en lugar de mejorar la seguridad. “Esto no se trata de seguridad ni de deportaciones; el objetivo es fomentar el miedo y el caos en nuestras calles”, declaró el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.
En paralelo, la jueza April Perry bloqueó temporalmente la movilización de la Guardia Nacional por 14 días, señalando que no existen pruebas creíbles de una insurrección, y el mayor juez del condado Cook emitió otra orden que prohíbe al ICE arrestar civiles en los tribunales, una táctica que había generado protestas.
Mientras el bloqueo de la Guardia Nacional finaliza a finales de la próxima semana, la estrategia federal enfrenta múltiples desafíos legales, en un contexto en el que la confrontación entre autoridades y comunidades locales sigue siendo intensa y polémica.
Fuente: El País
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