La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó en la madrugada de este miércoles el proyecto de ley que regula la eutanasia en casos de enfermedad incurable y sufrimiento extremo. La iniciativa, denominada “Muerte digna”, obtuvo 64 votos a favor y 29 en contra, con apoyo transversal de legisladores del oficialista Frente Amplio (FA) y de los partidos Nacional y Colorado.
Con esta media sanción, el texto pasa al Senado, donde la mayoría progresista garantiza un trámite favorable antes de que finalice el semestre. De ser aprobado, Uruguay se convertirá en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia por vía legislativa, a diferencia de Colombia y Ecuador, donde su despenalización se logró mediante fallos judiciales.
El proyecto es resultado de un largo proceso político y social iniciado en 2019, impulsado por el caso de Fernando Sureda, paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que solicitó la legalización de la eutanasia antes de fallecer en 2020. En marzo de ese año, el exdiputado colorado Ope Pasquet presentó una propuesta que, tras sumar aportes del FA, logró media sanción en 2022, pero fracasó en el Senado.
La actual versión establece que podrán acceder a este derecho personas mayores de edad, mentalmente aptas, que se encuentren en fase terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o que padezcan sufrimientos insoportables y un deterioro grave y progresivo de su calidad de vida.
El proceso requerirá una solicitud personal y por escrito, avalada por dos opiniones médicas independientes. Si existe discrepancia entre los profesionales, una junta médica resolverá en un plazo máximo de cinco días. Además, se creará una comisión honoraria para supervisar los casos y reportar al Ministerio de Salud y al Parlamento.
El diputado Federico Preve (FA) subrayó que la iniciativa “habilita el derecho a morir con dignidad” y que cuenta con “un sistema sólido de garantías”, inspirado en modelos de Países Bajos y Bélgica.
Para Pasquet, la ley equilibra “la libertad de la persona para decidir sobre su vida y la solidaridad con quienes sufren enfermedades incurables”. Asegura que las encuestas muestran un respaldo mayoritario de la sociedad y del sector médico.
En contraste, el diputado Rodrigo Goñi (Partido Nacional) advierte que la norma supone “renunciar al derecho a la vida” y “discriminar a los enfermos”, dejándolos expuestos a “presiones y abusos”. Propuso sin éxito la creación de un comité de garantías y defiende como alternativa el acceso universal a cuidados paliativos.
Preve replicó que ambas opciones son complementarias: “La eutanasia y los cuidados paliativos conviven en todos los países donde esta práctica está regulada”.
La discusión en el Senado marcará un punto de inflexión en la legislación regional, en un terreno donde conviven argumentos éticos, jurídicos y sanitarios, y donde Uruguay podría volver a ubicarse a la vanguardia de los cambios sociales en la región.
Fuente: El País
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