UruguayA menos de un mes de asumir formalmente como intendente electo del departamento de Soriano, Guillermo Besozzi continúa condicionado por una medida judicial que le impide ingresar al edificio central de la Intendencia. Pese a haber sido elegido democráticamente en las pasadas elecciones departamentales, el exjefe comunal aún enfrenta restricciones judiciales en el marco de una causa por presunta corrupción pública.
El abogado defensor del líder nacionalista, Juan Fagúndez, confirmó que solicitarán una nueva audiencia con la finalidad de levantar esta medida cautelar específica. Según explicó el penalista, no se apelarán otras condiciones impuestas por la Justicia –como la permanencia nocturna en su domicilio, la retención de pasaportes y la comparecencia semanal ante la policía–, pero se insistirá en que el intendente electo pueda ejercer desde su lugar natural de trabajo: la sede departamental.
“El planteo se centra en la afectación de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos. Besozzi fue elegido por voluntad popular y debe poder cumplir sus funciones en el edificio de la Intendencia”, argumentó Fagúndez en declaraciones a la prensa. La defensa considera que el levantamiento de la restricción es compatible con el respeto a las garantías procesales.
La situación legal del intendente electo es compleja: fue imputado por ocho presuntos delitos vinculados a su anterior gestión en el Ejecutivo departamental, entre ellos tráfico de influencias, concusión, omisión de denuncia y abuso de funciones. Estas acusaciones derivaron en una serie de medidas cautelares, incluida la que hoy le impide acceder a su oficina en la comuna.
Pese a ello, Besozzi mantiene firme su intención de asumir el cargo entre el 8 y el 10 de julio, en línea con el calendario oficial para las nuevas autoridades municipales. En declaraciones recientes, reiteró su inocencia y cuestionó la proporcionalidad de las restricciones: “Estoy imputado por una fiscal que deberá probar sus acusaciones. Mientras tanto, sigo siendo inocente”, sostuvo.
Consultado sobre el escenario en caso de no lograrse el levantamiento de la cautelar, el dirigente fue enfático: “Si no me permiten entrar, gobernaré desde afuera. Pero confío en que la jueza volverá a revisar la medida, como ya lo hizo antes”.
La decisión final quedará en manos del Poder Judicial, que deberá sopesar el principio de inocencia y el derecho al ejercicio del cargo frente a los riesgos procesales señalados por la Fiscalía. El caso marca un precedente inédito en la política uruguaya y mantiene en vilo el inicio de la nueva administración en Soriano.
Fuente: ámbito
.jpg)