Los alcaldes de las principales ciudades capitales del país, encabezados por Alejandro Éder, alcalde de Cali y presidente de Asocapitales, alzaron la voz este lunes para denunciar un drástico recorte de más de 1,5 billones de pesos en el presupuesto nacional destinado a la seguridad ciudadana. La medida, según los mandatarios locales, compromete gravemente la capacidad operativa de la Fuerza Pública y pone en riesgo la protección de los ciudadanos.
Durante una declaración conjunta realizada en Bogotá, los mandatarios reclamaron la liberación inmediata de $300.000 millones del Fondo de Seguridad Ciudadana (Fonsecon), actualmente congelados, recursos clave para reforzar labores de inteligencia, operativos de seguridad y esquemas de protección a candidatos en pleno año electoral.
“El Gobierno ha reducido en un 20% su inversión en seguridad, mientras que las ciudades hemos hecho esfuerzos extraordinarios, incrementando nuestras partidas hasta en un 62%”, afirmó Éder. “Pero no podemos tapar el hueco que se está dejando desde el nivel central”.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, detalló que la capital enfrenta una disminución preocupante en su pie de fuerza: de más de 19.000 policías en 2012 a apenas 16.000 en 2025, en un contexto donde la población ha crecido en casi un millón de habitantes. “Sin inversión nacional no hay inteligencia, ni capacidad de reacción, ni justicia efectiva”, remarcó Galán.
Desde Medellín, Federico Gutiérrez denunció la ineficiencia de la Unidad Nacional de Protección (UNP), señalando una preocupante asignación de esquemas de seguridad a individuos presuntamente vinculados con estructuras criminales. “La paz total está fracasando porque no está respaldada por una política seria de seguridad. Colombia necesita presencia del Estado en zonas rurales y urbanas por igual”, aseveró.
Los alcaldes propusieron convocar, en un plazo de 15 a 20 días, una cumbre urgente con el ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para articular una estrategia integral que responda al aumento de amenazas, atentados y actividades delictivas.
Asimismo, expresaron su preocupación por la implementación de la política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, advirtiendo que algunos grupos armados estarían instrumentalizando esta iniciativa para expandir su control territorial sin enfrentar consecuencias.
“Una política de paz sin una política robusta de seguridad sólo lleva al colapso del orden público”, advirtió Éder, respaldado por sus homólogos.
Finalmente, los mandatarios expresaron su solidaridad con los alcaldes y líderes sociales amenazados en las últimas semanas, reafirmando su compromiso con la democracia, la institucionalidad y la protección de la vida.
El mensaje es claro: las ciudades están haciendo su parte, pero la responsabilidad del Estado central es irrenunciable. En un contexto electoral y de creciente violencia, la seguridad no puede estar en pausa.
Fuente: Infobae
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