Activistas exigen a Asamblea Legislativa de El Salvador no extender detención provisional de dos años

El Salvador

Un centenar de activistas marcharon este miércoles hacia la Asamblea Legislativa de El Salvador para exigir el cese de la detención provisional prolongada y de los juicios colectivos, medidas implementadas bajo el Decreto 803, cuya vigencia concluye en agosto próximo.

Aprobado en julio de 2023, el decreto introdujo disposiciones transitorias especiales que ampliaron de seis a 24 meses el periodo de detención provisional y autorizaron juicios colectivos contra personas detenidas durante el régimen de excepción, decretado por el gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022 como parte de su estrategia de combate a las pandillas.

Los manifestantes, convocados por el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), caminaron desde la plaza José Martí hasta el Palacio Legislativo, donde entregaron una carta dirigida a los diputados. Entre consignas como “Defendemos inocentes”, solicitaron que el decreto no sea prorrogado.

“Lo que queremos pedir es que ya no prorroguen el Decreto 803, que le permite a la Fiscalía continuar extendiendo las detenciones sin juicio”, declaró Samuel Ramírez, vocero de Movir. “Si son inocentes, que los liberen. Si son culpables, que los procesen conforme a la ley”, agregó.

Según Ramírez, existen casos documentados de personas con cartas de libertad emitidas por jueces que, sin embargo, permanecen en prisión. Uno de esos casos es el de Ana Mercedes García, una campesina de 63 años, cuyo hijo fue detenido en mayo de 2022 y, pese a tener una orden de liberación desde octubre de 2023, continúa encarcelado.

“Soy pobre, no tengo dinero para abogados, y el gobierno está cometiendo una injusticia con mi familia”, expresó García durante la protesta.

Hasta la fecha, según datos oficiales, más de 87.000 personas han sido detenidas en el marco del régimen de excepción. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, indicó recientemente que cerca de 8.000 fueron liberadas tras demostrarse su inocencia. No obstante, organizaciones de derechos humanos sostienen que miles de personas inocentes siguen privadas de libertad.

Fuente: SWI

 

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