La elección judicial está a punto de arrancar, con más de 3,400 candidatos que buscarán ocupar uno de los 881 puestos de impartición de justicia a nivel federal. Desde el 30 de marzo hasta el 28 de mayo, los aspirantes se lanzarán a una campaña que, aunque similar a la de los políticos, presenta reglas muy diferentes. La principal distinción: la falta de financiamiento público, lo que obliga a los candidatos a recurrir únicamente a recursos propios.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido normas que han transformado por completo el concepto tradicional de campaña electoral. Las restricciones son drásticas, limitando las tácticas utilizadas en campañas políticas comunes. Por ejemplo, los actos masivos, mítines y eventos públicos están estrictamente prohibidos, al igual que la contratación de publicidad en medios de comunicación, redes sociales o en espacios físicos como espectaculares y bardas. Tampoco se permitirá la participación de partidos políticos ni la difusión de encuestas pagadas.
Para los más de 3,000 candidatos federales y los 2,000 aspirantes de los 19 estados que celebrarán elecciones judiciales locales, el reto será destacarse sin las herramientas tradicionales de la política. Con un tope de gasto electoral que varía según el cargo, los aspirantes tendrán que ser creativos y aprovechar sus redes sociales, foros informativos, y otros recursos limitados para atraer el voto de los ciudadanos. Los topes de campaña fijados por el INE son diferenciados dependiendo del puesto al que se postule cada candidato. Por ejemplo, quienes aspiran a cargos en la Suprema Corte o Sala Superior podrán gastar hasta 1.468.000 pesos, mientras que los candidatos a jueces de distrito podrán gastar un máximo de 220.000 pesos.
En un contexto marcado por la escasez de recursos y estrictas reglas, el cumplimiento de estas normativas será clave para que los aspirantes mantengan su registro y no enfrenten sanciones. Cualquier violación podría resultar en la pérdida de la candidatura, según alertó Jaime Rivera, consejero del INE.
A pesar de las restricciones, los candidatos podrán participar en foros organizados por distintos sectores de la sociedad, dar entrevistas en los medios y distribuir materiales impresos en papel. Además, el uso de redes sociales será permitido, lo que proporciona un canal importante para llegar a los votantes.
En una medida poco habitual, la Iglesia católica ha decidido intervenir en el proceso electoral, ofreciendo sus canales de comunicación para que los aspirantes puedan promover sus propuestas, especialmente aquellas relacionadas con los derechos humanos. A través de su editorial Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México ha animado a los candidatos a enviar grabaciones de sus propuestas, que serán difundidas a partir del 10 de abril.
Esta intervención de la Iglesia ha generado controversia debido a la naturaleza laica del Estado mexicano, que prohíbe la participación de instituciones religiosas en asuntos políticos. Sin embargo, los candidatos deben navegar cuidadosamente estas aguas mientras luchan por darse a conocer en un proceso electoral que promete ser único en su clase.
Fuente: El País
.jpg)