El Salvador ha renovado el régimen de excepción, una medida que ha marcado un antes y un después en la política del país. Durante la discusión sobre su ampliación por 32ª vez, el presidente de la Asamblea Legislativa destacó la importancia de la medida, que fue aprobada por 57 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Este régimen, que suspendió ciertas garantías constitucionales, ha sido un tema recurrente en los medios locales, especialmente en contraste con los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En su forma actual, el régimen suspendió derechos fundamentales, como el derecho a la asistencia legal durante detenciones, la obligación de informar a los detenidos sobre los motivos de su arresto, y la inviolabilidad de las comunicaciones y asociaciones, según el reporte de Telecorporación Salvadoreña (TCS).
El decreto No.333, que entró en vigor el 27 de marzo de 2022, fue extendido hasta el 7 de diciembre de 2024. La prórroga ocurre en medio de una racha de 11 días consecutivos sin asesinatos, un logro destacado por el Gobierno, que lo atribuye al impacto de la medida. Además, el Gobierno justificó la extensión debido a la amenaza de reagrupamiento de pandillas, lo cual se vio reflejado en recientes operativos de seguridad, incluyendo una incursión militar en un municipio de San Salvador que resultó en la captura de casi 30 miembros de pandillas.
Aunque la medida cuenta con el respaldo de una gran parte de la población, según encuestas recientes, organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos graves, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y la aparición de cuerpos en cementerios clandestinos. Se reporta que cerca de 300 detenidos han muerto bajo custodia estatal, muchos con signos evidentes de violencia.
Fuente: Prensa Latina