Ecuador
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió ayer un nuevo decreto de estado de excepción, el cuarto desde que asumió el cargo, para enfrentar la creciente violencia en el país. La medida, que tendrá una duración de 60 días, se aplicará en seis provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, y El Oro; así como en la capital, Quito, y en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Además, se ha impuesto un toque de queda nocturno en 19 cantones y una parroquia de Guayaquil.
A pesar de que las cifras oficiales muestran un aumento significativo de la violencia en lo que va del año, la ministra del Interior, Mónica Palencia, afirmó que los asesinatos, secuestros y extorsiones han disminuido en un 18% en los últimos meses, en contraste con los reportes policiales que indican un incremento del 47% entre enero y julio.
El decreto presidencial cuenta con el respaldo de informes técnicos y jurídicos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El ministro de Gobierno, Félix Wong, justificó la medida señalando que octubre es históricamente el mes más violento en el país y aseguró que el estado de excepción es necesario para evitar que la violencia se traslade a las calles en medio del contexto electoral, ya que 16 binomios presidenciales se han inscrito para los comicios del 9 de febrero de 2025.
El estado de excepción incluye medidas extraordinarias que permiten al gobierno combatir de manera más efectiva a los grupos delictivos organizados, que según el informe técnico, han formado nuevas alianzas y siguen representando una grave amenaza. Aunque se han logrado contener algunos crímenes, el índice de criminalidad sigue siendo alto en varias regiones del país.
Ecuador ha estado en un estado constante de conflicto armado interno desde enero de este año, lo que ha permitido al gobierno ejercer mayores facultades para enfrentar la violencia vinculada al narcotráfico. Sin embargo, a pesar de estas acciones, la tensión y el miedo persisten en diversas zonas debido al control territorial que ejercen las bandas criminales.
Fuente: La Jornada
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