El precandidato presidencial por el Partido Liberal, Jorge Cálix, lanzó un desafío público a la presidenta Xiomara Castro, instándola a restablecer el Tratado de Extradición con Estados Unidos como condición para aprobar la polémica Ley de Justicia Tributaria que promueve el gobierno.
Durante una entrevista en el programa 30/30, Cálix fue claro: “Si ella rectifica y restituye el Tratado de Extradición, entonces le aprobamos su ley. Si eso es lo que quiere, que los ricos paguen impuestos, yo estoy de acuerdo. Pero el pueblo hondureño también quiere que los narcos sean extraditados y encarcelados en Nueva York, eso es lo justo”, afirmó el diputado.
Cálix argumentó que si la presidenta realmente considera que la Ley de Justicia Tributaria es beneficiosa para el pueblo hondureño, debería cumplir con la demanda de la ciudadanía que exige la extradición de criminales. “No se puede gobernar pensando solo en el bienestar de una familia, eso no es correcto”, subrayó el precandidato liberal.
El político dio un plazo de 15 días al gobierno de Castro para reanudar las extradiciones sin ninguna condición, advirtiendo que de no hacerlo, los diputados que lo apoyan no permitirán la aprobación de la ley. “Si en 15 días no restituyen la extradición, olvídense de esa ley”, reiteró Cálix.
Además del reto a la presidenta, Cálix denunció que el gobierno estaría preparando un requerimiento fiscal en su contra, supuestamente con la intención de frenar su candidatura presidencial. Sin embargo, el precandidato aseguró que no tiene miedo y que esas acciones no lograrán detenerlo.
“A mí no me van a frenar con un requerimiento fiscal, pueden presentarme 60 si quieren, no me van a detener”, declaró Cálix con firmeza.
El diputado también señaló que Marlon Ochoa, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), mencionó la posibilidad de un reglamento que inhabilitaría a candidatos con autos de formal procesamiento, lo que, según Cálix, es parte de una estrategia para bloquear su campaña.
Con este desafío, Jorge Cálix ha intensificado la tensión política entre su partido y el gobierno, añadiendo más presión sobre la administración de Xiomara Castro en torno a la Ley de Justicia Tributaria y la extradición de criminales.
Fuente: El Heraldo