El alcalde del distrito de La Esperanza, Wilmer Sánchez Ruiz, ha aclarado públicamente su posición respecto al aumento del 30% en las dietas de los regidores, un tema señalado por la Contraloría General de la República en el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 050-2024-OCI. Sánchez explicó que la remuneración del alcalde no es determinada por el gobierno municipal ni por el Concejo, sino por el Ministerio de Economía y Finanzas, desligándose de cualquier implicación en la decisión de incrementar las dietas.
El alcalde enfatizó que el informe emitido por la Contraloría se enfocó exclusivamente en los regidores de la municipalidad, descartando que su remuneración haya sido objeto de observaciones. Sánchez aseguró que su administración ha actuado de manera inmediata y transparente para corregir las observaciones señaladas por el órgano de control, tomando medidas legales y administrativas contundentes.
"Desde que fuimos notificados, hemos implementado las acciones correctivas necesarias para garantizar que todo se maneje dentro del marco legal", afirmó Sánchez. De acuerdo con el alcalde, el Acuerdo de Concejo N° 134-2024-MDE, emitido el 4 de septiembre de 2024, anuló los acuerdos previos que autorizaban el aumento en las dietas, entre ellos los Acuerdos de Concejo N° 044-2023-MDE, 159-2023-MDE y 168-2023-MDE.
Sánchez también informó que se ha ordenado la devolución de los montos excedentes percibidos por los regidores desde septiembre de 2024, y se están iniciando procedimientos para determinar la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios involucrados en la aprobación del incremento. "Estamos comprometidos con respetar la ley y asegurar que no haya perjuicio económico para la municipalidad", declaró el alcalde.
Finalmente, Sánchez subrayó que su gestión está enfocada en proteger los intereses de la población y garantizar que los recursos públicos se destinen a atender las verdaderas necesidades del distrito. Mientras tanto, se espera que las autoridades pertinentes concluyan las investigaciones y determinen si existió alguna irregularidad en el proceso.
Fuente: Correo