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El Poder Ejecutivo ha decidido no objetar la reforma de pensiones presentada por el Congreso de la República, marcando un cambio significativo en el sistema previsional del país. La nueva normativa, que favorece a las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), contempla una pensión mínima de S/600, la obligatoriedad de afiliación para todos los mayores de 18 años, y una innovadora pensión por consumo, que destina el 1% de las compras de los afiliados a su fondo.
La Ley Nº 32123, que reestructura tanto el sistema de AFP como el de la ONP (Oficina de Normalización Previsional), se articula a través de cuatro pilares: contributivo, no contributivo, semicontributivo y voluntario. Además, la reforma permite que bancos, cajas municipales y financieras participen en la captación de aportes privados de los afiliados.
Impulsada por la bancada de Fuerza Popular, esta reforma posiciona a las AFP en una posición privilegiada en relación con la ONP, obligando también a los trabajadores independientes a contribuir a su fondo de pensiones. Aunque la ley limita los retiros de pensiones de las AFP, se permite el uso de aportes para amortizar créditos hipotecarios, lo que ha generado controversia en los debates previos.
El nuevo sistema previsional incluye un pilar no contributivo que beneficiará a quienes reciben asistencia del Estado, como los beneficiarios de Pensión 65. El pilar semicontributivo está diseñado para aquellos que han realizado contribuciones parciales y requieren un apoyo adicional para alcanzar una pensión digna, donde el Estado juega un papel fundamental.
Por su parte, el pilar contributivo abre el mercado previamente dominado por las AFP a nuevas entidades financieras, estableciendo que los ciudadanos mayores de 18 años deberán afiliarse obligatoriamente a un sistema de pensión, ya sea público o privado. Aquellos que ya han cumplido esta edad sin estar afiliados serán automáticamente inscritos en el sistema privado.
El pilar voluntario complementa los aportes necesarios para alcanzar una pensión mínima y permite que el 1% de las compras de los afiliados se destine a su fondo de pensiones, lo que, según los críticos, podría beneficiar principalmente a aquellos con mayor capacidad adquisitiva.
Con esta reforma, el Gobierno espera modernizar el sistema previsional, aunque enfrenta críticas por cómo afectará la sostenibilidad del sistema público. Las AFP tendrán que competir con otras entidades financieras para atraer nuevos afiliados, mientras que la pensión mínima se revisará cada tres años, de acuerdo a la capacidad financiera del Estado.
Este cambio representa un desafío considerable para los jóvenes, quienes deben decidir entre un sistema público que podría estar debilitado o uno privado. La presión sobre el sistema de pensiones podría aumentar si los jóvenes optan por el sistema privado, lo que podría poner en riesgo la viabilidad de la ONP.
Fuente: Infobae
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