.jpg)
El gobierno de Estados Unidos ha solicitado al tribunal de Nueva York que el próximo 9 de octubre, al dictar sentencia al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, se le imponga una condena de cadena perpetua. Esta petición fue hecha pública el 19 de septiembre de 2024.
El juez Brian Cogan, conocido por haber condenado a Joaquín "El Chapo" Guzmán, deberá considerar esta recomendación durante la audiencia. García Luna, quien estuvo a cargo de la seguridad pública durante la administración de Felipe Calderón, fue declarado culpable en febrero de 2023 de diversos cargos, incluyendo tráfico internacional de cocaína.
La Fiscalía argumenta que los "crímenes de García Luna requieren justicia", instando al juez a imponer la máxima pena. Durante su tiempo en el cargo, se le acusa de haber malversado hasta 745.9 millones de dólares mediante contratos de tecnología del gobierno.
Pablo Gómez, director de la unidad antilavado de dinero de México, ha indicado que García Luna y sus cómplices establecieron empresas que recibieron 30 contratos gubernamentales cuestionables entre 2006 y 2012. Asimismo, el gobierno mexicano ha presentado una demanda en Florida para recuperar propiedades adquiridas con fondos malversados.
En Nueva York, García Luna enfrenta cargos por haber aceptado millones de dólares a cambio de permitir que el cártel de Sinaloa traficara grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. La demanda relacionada con estos cargos es independiente del juicio penal en curso.
Se alega que desvió dinero de contratos de seguridad y tecnología del gobierno hacia cuentas en el extranjero, muchas de ellas ubicadas en Barbados, y posteriormente lo utilizó para comprar lujosos condominios y autos de alta gama. Entre sus adquisiciones se encuentran varios Mustangs de los años 60 y 70, así como deportivos de lujo como Lamborghinis y Ferraris.
García Luna, que se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, ha negado las acusaciones a través de su defensa, que sostiene que su cliente era un empresario legítimo que realizaba consultorías en Florida antes de su arresto en 2019.
.jpg)