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En vísperas del inicio oficial de la campaña presidencial para 2026, la propuesta de un referéndum, promovida por el presidente Rodrigo Chaves, ha suscitado controversia. Cuatro partidos de oposición en el Congreso han calificado esta consulta popular como una "catapulta política" que favorecería los intereses de Chaves en las próximas elecciones.
El gobierno defiende el referéndum, conocido como Ley Jaguar, como un medio para impulsar la infraestructura pública, ahorrar casi $20 millones en alquileres anuales, y promover el desarrollo y el empleo en Limón. Según Chaves, la consulta también busca evitar que la Contraloría General ejerza un control excesivo sobre las decisiones gubernamentales.
Sin embargo, la oposición sostiene que el referéndum no aporta beneficios tangibles a Costa Rica y que podría reducir la fiscalización de la Contraloría. Los legisladores del Frente Amplio, el PLN, la Unidad y el Partido Liberal Progresista ven el referéndum como un intento de Chaves de fortalecer su posición política antes de las elecciones, en lugar de una medida para el bien público.
Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, ha afirmado que el verdadero interés de Chaves es posicionarse políticamente y construir un nuevo partido, ya que el actual partido del presidente, el Partido Progreso Social Democrático, ya no lo apoya. Feinzaig argumenta que el referéndum es una táctica para anticipar la campaña electoral.
Óscar Izquierdo, jefe del PLN, y Antonio Ortega, del Frente Amplio, también han expresado sus preocupaciones. Izquierdo sostiene que el referéndum debería usarse solo para asuntos de fondo y no para fines partidarios. Ortega hace un llamado al presidente para que se concentre en gobernar en lugar de buscar estrategias políticas.
El referéndum enfrenta obstáculos legales. La Sala IV y el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso han declarado que la propuesta puede ser inconstitucional. La Ley Jaguar se centra en reformar la Contraloría y otros temas administrativos, pero su viabilidad legal sigue siendo incierta.
La ley establece que el referéndum debe realizarse dentro de los seis meses previos o posteriores a las elecciones presidenciales del 1 de febrero de 2026. La fecha límite para convocar la consulta es el 30 de abril de 2025, lo que implica una carrera contra el tiempo para el gobierno y los partidarios del referéndum.
Pilar Cisneros, del Progreso Social Democrático, y Pablo Sibaja, de Nueva República, han ofrecido perspectivas divergentes sobre el referéndum. Mientras Cisneros cree que Chaves podría ganar en la primera vuelta de 2026, Sibaja no ha tomado una posición definitiva, mencionando que el partido está evaluando la consulta.
En resumen, el referéndum Jaguar sigue siendo un tema polémico, con debates intensos sobre su propósito y viabilidad. Mientras algunos lo ven como una maniobra política, otros lo defienden como una medida necesaria para el desarrollo nacional. El futuro de esta consulta dependerá de la resolución de los desafíos legales y de la dinámica política en los próximos meses.
Fuente: La República
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