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Internacional
A raíz de los recientes acontecimientos en Venezuela, el gobierno chileno, liderado por el presidente Gabriel Boric, ha puesto en marcha un plan de acción para abordar una posible nueva ola de migración desde Venezuela. Esto sigue a la declaración de victoria de Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral y el posterior cierre de la embajada venezolana en Chile, ordenado por Maduro después de que se negara a reconocer los resultados de su reelección. La administración de izquierda en Chile ha criticado este movimiento como "vergonzoso e incomprensible", particularmente porque deja en una posición precaria a más de 700,000 venezolanos residentes en Chile, según el Ministerio del Interior.
El gobierno chileno está activamente involucrado en conversaciones con países vecinos para prepararse ante esta situación. Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, visitará este jueves dos puntos fronterizos en el norte del país, donde ya están desplegadas las Fuerzas Armadas, para reforzar el control de ingreso de extranjeros indocumentados.
En una reunión urgente realizada el miércoles por la tarde en el Palacio de La Moneda, la ministra del Interior, Carolina Tohá, el subsecretario Monsalve, la ministra de Defensa, Maya Fernández, el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, se reunieron para formular una estrategia de respuesta. Según De la Fuente, el presidente Boric enfatizó la importancia de continuar la coordinación con los países de la región para gestionar el flujo migratorio potencialmente aumentado.
Monsalve y Montero viajarán a Colchane, un punto crítico para la inmigración irregular en el norte de Chile. "Probablemente tomaremos decisiones para fortalecer nuestra capacidad estatal en términos de infraestructura fronteriza, equipamiento y tecnología", declaró Monsalve. "Esto naturalmente requerirá un aumento de los recursos humanos en la frontera", añadió.
Caracas ha dado un plazo de 72 horas para la salida del personal diplomático chileno y la retirada de sus representantes de Santiago y de otros seis países latinoamericanos, en protesta contra los gobiernos que exigen un conteo de votos transparente y supervisión internacional. El presidente Boric había designado al socialista Jaime Gazmuri como embajador en Venezuela en su primer año en el cargo, poniendo fin a cinco años de vacancia. Aunque gran parte del personal chileno ya está en camino de regreso, un pequeño equipo liderado por Gazmuri lo hará el viernes.
"Esta decisión del gobierno venezolano afectará gravemente a la población venezolana", afirmó Tohá. "Entre otras cosas, no podrán realizar sus trámites en el corto plazo, y estamos buscando formas de apoyar y proporcionar soluciones."
La subsecretaria de Relaciones Exteriores, De la Fuente, sostuvo reuniones el martes con sus homólogos de Colombia, Perú y Ecuador, así como con sus representantes de los servicios de migración, para desarrollar un plan de acción regional ante la posible nueva ola migratoria venezolana. La cancillería chilena también está en conversaciones con Bolivia.
La ruptura diplomática con Caracas también afecta la llamada 'doctrina Valencia', establecida en abril de 2023 por el fiscal nacional Ángel Valencia. Esta doctrina permite solicitar prisión preventiva para inmigrantes detenidos por delitos sin la documentación adecuada. De los 57,000 reclusos en Chile, 20,651 están en prisión preventiva, casi el doble que hace una década, constituyendo el 36% de la población penal. Entre ellos, 8,481 son extranjeros, con una proporción significativa de venezolanos, colombianos y bolivianos.
En el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), el 60% de los reclusos son extranjeros, principalmente líderes de bandas criminales como Los Gallegos y el Tren de Aragua de Venezuela. "Estamos al borde de una crisis del sistema penitenciario", declaró el ministro de Justicia, Luis Cordero, en Radio Duna. "La sobrepoblación excede el 100% en todas las regiones excepto en Tarapacá y Los Ríos."
El fiscal Valencia reconoció en una reciente entrevista con EL PAÍS que Chile enfrenta problemas con la segregación en las cárceles, ya que los líderes de bandas transnacionales están mezclados con delincuentes menores. Esta situación, explicó, facilita el contacto entre primerizos y criminales avezados.
La exministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, comentó a La Tercera que la decisión de Venezuela de retirar a su personal diplomático crea grandes desafíos para Chile en la obtención de antecedentes penales y documentación para los migrantes detenidos. "Esta situación tendrá efectos prácticos sobre la migración venezolana hacia Chile, la irregularidad de los que ya están aquí y el intercambio de información", afirmó. Los analistas ya habían predicho que el escenario actual provocaría una ola migratoria sustancial, similar a la que siguió a las elecciones presidenciales de 2018. Por lo tanto, se requiere urgentemente una coordinación regional.
Fuente: El País
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