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El miércoles 14 de agosto, la Cámara de Diputados inició una extensa sesión en la que se debatió y aprobó el proyecto de ley de financiamiento universitario, a pesar de la oposición del gobierno que intentó evitar su discusión. Tras casi 20 horas de debate, el dictamen de minoría, propuesto por la UCR, fue aprobado alrededor de las 7:30 horas. La votación se realizó en el contexto de un paro nacional de los trabajadores universitarios, quienes han visto una reducción del 45% en el poder adquisitivo de sus salarios.
El segundo cuatrimestre académico comenzó con una huelga de 72 horas por parte de los trabajadores universitarios, tanto docentes como no docentes, quienes se manifestaron frente al Congreso el 14 de agosto para presionar a los legisladores. El presidente Javier Milei, que se opone a este proyecto debido a su política de ajuste fiscal orientada al “déficit cero,” no logró evitar el debate. Su falta de mayoría en el Congreso se hizo evidente, ya que, a pesar de su reciente éxito con la Ley de Bases, sus aliados no lograron excluir el proyecto de financiamiento universitario del temario.
A las 4:30 horas, comenzó el debate sobre el presupuesto para las universidades nacionales. La discusión se complicó debido a la falta de un dictamen acordado previamente, resultando en la consideración de dos propuestas. El dictamen de mayoría, respaldado por Unión por la Patria, no solo incluía una actualización bimestral de los presupuestos, sino también la ampliación de becas Progresar, la recomposición salarial para docentes y no docentes, y un incremento en el presupuesto para ciencia y técnica.
Por otro lado, el dictamen de minoría, apoyado por la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, propuso una actualización del presupuesto universitario basada en la inflación del año pasado y un índice bimestral que combina variaciones en el IPC, el dólar y las tarifas de servicios públicos. También contemplaba la recomposición salarial basada en el IPC, priorizando los acuerdos paritarios.
El oficialismo anticipó su voto en contra, citando el costo fiscal del proyecto. La diputada Daiana Fernández Moledo, del PRO, cuestionó el costo fiscal del dictamen, mientras que el diputado radical Martín Tetaz respondió irónicamente. La diputada Blanca Osuna de Unión por la Patria defendió el proyecto, argumentando que la educación superior es un derecho humano y social. José Luis Espert del oficialismo defendió el apoyo del gobierno a la educación superior, aunque ignoró el alto nivel de inflación actual y la ejecución del presupuesto anterior.
El diputado Christian Castillo, del Frente de Izquierda y docente universitario, instó a incluir una actualización salarial para los docentes, citando la disparidad entre el aumento de salarios y la inflación. Pablo Carro, también docente universitario, destacó la drástica reducción en los salarios desde 2015.
Finalmente, a las 8:00 horas, la Cámara de Diputados aprobó en general el dictamen de ley de financiamiento universitario con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención. La iniciativa, ahora enviada al Senado para su aprobación definitiva, establece que la Auditoría General de la Nación supervisará los presupuestos universitarios y dispone la ampliación anual y progresiva de becas estudiantiles. Además, el proyecto instruye al Gobierno a ajustar el presupuesto salarial a partir del 1° de diciembre pasado, en función de la inflación acumulada.
El conflicto sigue, ya que los trabajadores universitarios denuncian una caída del poder adquisitivo del 45% y el gobierno de Milei ofreció aumentos insuficientes del 3% en agosto y 2% en septiembre. Se está considerando un nuevo paro nacional de 72 horas para el 19 de agosto, mientras que los docentes de la UBA han comenzado a realizar clases públicas para visibilizar el conflicto en curso.
Fuente: Política Argentina
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