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Carlos Alberto Carreño Marín, actual representante a la Cámara por el partido Comunes y vicepresidente de la Comisión Tercera, enfrenta graves acusaciones de extorsión. La denuncia, revelada el martes 20 de agosto de 2024, detalla un esquema en el que Carreño habría estado exigiendo porcentajes de los salarios de los trabajadores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) durante varios años.
De acuerdo con la emisora Blu Radio, que ha difundido un informe completo con pruebas inéditas, Carreño no solo demandaba dinero a sus empleados, sino que también los amenazaba con despidos o represalias más severas. Carreño, conocido anteriormente en la guerrilla de las Farc como “Sergio Marín”, habría impuesto un sistema ilegal para exigir cuotas salariales, una práctica que es claramente prohibida por la ley.
El informe revela que, a pesar de la denuncia presentada hace más de un año, el partido Comunes no ha tomado medidas para investigar o resolver la situación. Se descubrió que Carreño recibía montos mensuales que variaban entre 200.000 y 500.000 pesos, dependiendo del salario de cada trabajador. En un audio filtrado, se escucha al congresista exigiendo entre uno y uno y medio millones de pesos a un nuevo empleado con un salario mensual de cinco millones de pesos.
Un derecho de petición anónimo, fechado el 13 de abril de 2023, cuestionaba directamente a Carreño y a otros miembros de su bancada sobre estas prácticas. El documento incluía los nombres y números de contacto de 17 empleados de su UTL durante sus seis años en el Congreso.
En una reunión posterior a la denuncia, Carreño habría intimidado a sus empleados, haciéndoles saber que estaba al tanto de todos sus movimientos y los de sus familias. A pesar de la presión, las solicitudes de “aportaciones” continuaron, con evidencia adicional en forma de audios y transacciones bancarias.
Actualmente, Carreño no ha sido objeto de una investigación oficial. Según la información de Blu Radio, con las cuotas exigidas, Carreño habría recibido entre cinco y seis millones de pesos mensuales, además de su salario como congresista. El Congreso asigna 50 salarios mínimos, equivalentes a aproximadamente 65 millones de pesos, para cada congresista con el fin de conformar su UTL. Estas asignaciones han sido objeto de múltiples denuncias de corrupción, siendo el caso de Carreño un ejemplo reciente de los problemas de integridad en la institución.
Fuente: Infobae
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