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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado por tercera vez un estado de excepción en partes específicas del país, con el objetivo de enfrentar el creciente problema del crimen organizado. Esta medida, válida por 60 días, afecta a seis provincias (Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro) y al municipio de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, donde recientemente se han reportado eventos violentos graves.
El decreto incluye la suspensión temporal de derechos como la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de correspondencia y la libertad de reunión, detallados en un documento extenso que fundamenta la necesidad de esta acción.
Además, el estado de excepción implica la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para ejecutar operativos contra las bandas del crimen organizado. Noboa ha calificado esta lucha como un "conflicto armado interno", considerando a estos grupos como terroristas y actores beligerantes no estatales.
La Presidencia de Ecuador ha destacado que este nuevo decreto cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas (WJA), frente a la revisión que realizará nuevamente la Corte Constitucional para evaluar su legalidad.
Este último decreto establece que la Corte Constitucional podrá acceder a informes confidenciales del Gobierno para evaluar la pertinencia de la medida, sin necesidad de desclasificación ni acceso público.
Anteriormente, la Corte Constitucional había revocado dos declaratorias de estado de excepción, argumentando que no se cumplían los requisitos para declarar un conflicto armado interno. Sin embargo, subrayaron que esto no implica desconocer la gravedad de la situación de violencia que atraviesa el país.
Finalmente, la medida no afecta las facultades ordinarias del Ejecutivo para emplear las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía en operaciones contra el crimen organizado, facultad respaldada por un referéndum celebrado en abril.
Ecuador enfrenta una ola de violencia atribuida principalmente al narcotráfico, con cifras alarmantes de homicidios, situándolo como el país con la tasa más alta de homicidios per cápita en Latinoamérica en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
Fuente: Infobae
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