INE nombra interventor para vigilar activos del PRD tras pérdida de registro

 

México

La sombra de la pérdida de registro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se cierne con fuerza, según los recuentos distritales revelados recientemente. Ante esta inminente realidad, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) tomará medidas inmediatas, designando un interventor encargado de supervisar los bienes y recursos del partido, sujeto a la aprobación del consejo general del instituto.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE notificó al PRD ayer sobre su falta de alcanzar el 3% de la votación nacional, un umbral constitucional crucial. Esto significa que las prerrogativas y gastos del partido serán sometidos a la autorización del interventor designado por el instituto.

A pesar de los intentos del PRD de impugnar los resultados en 300 distritos electorales, la Ley General de Partidos Políticos establece un proceso legal para vigilar los activos y recursos del partido en caso de liquidación, un proceso que puede ser prolongado. Por lo tanto, la intervención del interventor se convierte en una herramienta vital para examinar y controlar los gastos del partido.

El rol del interventor, según lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, implica una autoridad amplia sobre los activos y recursos del partido que no cumple con el porcentaje mínimo de votación. Todos los gastos del partido deben contar con la aprobación explícita del interventor, y los activos del partido no pueden ser enajenados, gravados o donados sin su consentimiento.

Cuando el TEPJF valide la pérdida de registro del PRD después de las impugnaciones, comenzará el proceso de liquidación, durante el cual el interventor determinará las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores del partido. Cualquier remanente será dirigido íntegramente a la Tesorería de la Federación, según lo establecido por la ley.

En resumen, el PRD enfrenta un escenario desafiante, donde la presencia del interventor será crucial para garantizar una gestión transparente y responsable de sus activos en el proceso de liquidación.

Fuente: La Jornada

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