Legislativo
El Gobierno venezolano, liderado por el chavismo, ha aprobado una nueva legislación dirigida a prohibir la existencia y propagación de organizaciones que sean consideradas fascistas. Esta medida, presentada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y respaldada en una primera discusión parlamentaria, busca regular los mensajes y actividades que el Gobierno considera peligrosos para la convivencia pacífica y la estabilidad del país.
La Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares define claramente los rasgos y posturas ideológicas que serán objeto de persecución, incluyendo el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y cualquier forma de fobia hacia el ser humano. Además, establece una Alta Comisión contra el Fascismo y Neofascismo, encargada de regular y aplicar la legislación, otorgando al Gobierno poderes para prohibir mensajes, organizaciones y eventos que se consideren afines a estas posturas.
La ley también contempla sanciones severas, incluida la prisión y la inhabilitación política, para aquellos que promuevan la violencia como método político o que sean considerados culpables de expresiones fascistas. Asimismo, se considera que cualquier delito cometido bajo la influencia de estas ideas será agravado.
Esta nueva legislación se suma a otras medidas adoptadas anteriormente, como la ley contra el odio, con el objetivo declarado de preservar la estabilidad y la seguridad del país. Sin embargo, críticos advierten que estas leyes podrían utilizarse para reprimir la disidencia política y silenciar a la oposición.
La aprobación de esta ley llega en un momento de creciente persecución contra opositores, periodistas y críticos en Venezuela, lo que ha generado preocupaciones sobre el respeto a las libertades políticas y de expresión en el país. Además, se teme que estas medidas puedan ser utilizadas para ilegalizar partidos políticos opositores y limitar la participación en el proceso electoral, consolidando aún más el poder del presidente Nicolás Maduro y su gobierno.
Fuente: Excelsior
